Defensa dice que la responsabilidad de traer a España a los dos piratas fue suya y que la decisión fue unánime en el seno del gabinete de crisis. La Audiencia asegura que nadie le informó de que se pensará trasladar a los piratas a un tercer país.
Comienzan las discrepancias. Cuando se cumplen 42 dias del secuestro del atunero vasco Alakrana por parte de piratas somalíes, el Gobierno ha tenido que reconocer que fue él quien dió las ordenes de traer a España a los dos piratas detenidos por la Marina española, máxime cuando diversos medios se hacen eco de las discrepancias entre Ministerios asi como de las diferencias entre el Gobierno y la Justicia.
La Comisión de Coordinación del Gobierno para el secuestro del pesquero "Alakrana" asumió "por unanimidad" la detención de dos de los piratas que asaltaron el atunero a la luz de los informes que poseía el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Fuentes del Ministerio de Defensa han asegurado la existencia de esa unanimidad después de las informaciones en las que se ha señalado que hubo discrepancias a la hora de decidir si se detenía o no a los dos piratas que actualmente se encuentran en España.
De acuerdo con las fuentes citadas, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general José Julio Rodríguez, "a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata 'Canarias' conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la Operación Atalanta". En aplicación de esas normas se procedió a la detención de dos de los asaltantes del atunero "en flagrante delito de piratería".
Esta comisión está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de ella forman parte el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; la titular de Defensa, Carme Chacón; la máxima responsable del Departamento de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; el director general del CNI; Félix Sanz Roldán; y el JEMAD.
El diario "El Mundo" publica este jueves que el Ministerio de Defensa intentó que los dos piratas detenidos, Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, fueran enviados a Kenia en vez de ser trasladados a España, pero la vicepresidenta primera ordenó a la Abogacía del Estado presentar una denuncia por la que el caso llegó a la Audiencia Nacional. Por su parte, la Cadena SER ha informado también de la existencia de esas diferencias de criterio y de que el Gobierno ignoró un informe confidencial del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que alertaba sobre los efectos perniciosos que la detención de los piratas podía tener sobre las negociaciones para liberar al "Alakrana".
LA AUDIENCIA NACIONAL ASEGURA QUE GARZÓN SE VIO OBLIGADO A TRAER A LOS PIRATAS A ESPAÑA ANTE LA DENUNCIA DEL GOBIERNO
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, asegura en un comunicado en el que defiende la actuación del juez Baltasar Garzón, que el magistrado se vio obligado a ordenar el traslado a España de los dos piratas del "Alakrana" arrestados como consecuencia legal de la denuncia interpuesta por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado. Asimismo señala que nadie informó a Garzón o a cualquier otra instancia de la Audiencia Nacional de que las autoridades militares tuvieran la intención de trasladar a los dos secuestradores apresados, Abdu Willy y Raagaggeesey Hassan Haji, "a un tercer país", en concreto a Kenia.
Para el presidente de la Audiencia Nacional, la actuación de Garzón "se realizó en el marco de la más estricta legalidad" y "en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado". "Ni el juez de guardia ni el juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España, sino que se cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar su situación", señala el comunicado.
Juanes aclara además que ningún juez de la Audiencia Nacional "exigió que se presentara denuncia alguna". Garzón "tramitó la causa por los cauces de la legalidad y normalidad procesal requeridos atendiendo a las circunstancias y, en concreto, a la situación en que se hallaban las personas secuestradas".
EL DEFENSOR DE ABDU WILLY PIDE RETIRAR LA IMPUTACIÓN DE ASOCIACIÓN ILICITA CONTRA EL DETENIDO Y EL JUEZ PEDRAZ SE NIEGA
El el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio, abogado del joven somalí conocido como "Abdu Willy", detenido por participar en el secuestro del atunero vasco "Alakrana", solicitó este jueves al juez Santiago Pedraz que retirara la imputación de asociación ilícita para que las penas a las que se enfrenta elpirata somalí no superen los 6 años de cárcel y pueda ser expulsado.
Díaz Aparicio, en un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, solicita al magistrado que "fije los términos de la imputación" de su cliente, acusado por el momento de asociación ilícita, 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas.
La petición ha sido desestimada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz porque ahora "no es el momento procesal oportuno", que será, según han señalado fuentes jurídicas, cuando se dicte auto de transformación o auto de procesamiento.
Esta misma semana el letrado había propuesto que a "Abdu Willy" y a "Raageggesey Adji Haman" se les aplicase el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería -previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión- y el juez acuerde la expulsión de los detenidos en un plazo máximo de tres días. Por ello, Díaz Aparicio quería que Pedraz retirara la imputación de asociación ilícita, castigado con penas de entre seis a doce años de prisión, además del de robo con violencia y uso de armas, penado con penas de entre tres años y medio y cinco de cárcel.
Por otra parte, el juez Pedraz ha remitido un oficio al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez, para que ratifique el informe elaborado sobre la detención de "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman" llevada a cabo por un equipo de asalto de la fragata "Canarias", que actúa en el Índico en el marco de la operación europea de patrulla "Atalanta". Con este trámite, el magistrado quiere que queden identificados los militares que actuaron en esas detenciones, a los que, según han informado fuentes jurídicas, no llamará a declarar pues con la ratificación del mencionado informe es "suficiente".
NINGUN MEDICO HA SUBIDO A BORDO DEL ALAKRANA
Por último, Defensa aclaró que ningún médico subió a bordo del Alakrana para tratar a tripulante alguno. El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, había apuntado en esta dirección en declaraciones a la Radio Galega, pero desde Defensa se insistió en que en dicha entrevista Méndez no especificó que se tratara del Alakrana. En este sentido Defesna puntualizó que el médico citado atendió a un tripulante alemán de uno de los doce barcos secuestrados actualmente en la zona, pero subrayó que Méndez "no especificó nada" del Alakrana.
Además, remarcó que en el Alakrana hay 36 tripulantes, de los cuales 16 son españoles, y afirmó que entre los otros veinte no hay alemanes.
El director general de la sección española de Médicos Sin Fronteras (MSF), Aitor Zabalgogeazkoa, advirtió de que los piratas que operan en las costas somalíes tienen sus bases en zonas controladas por distintas facciones armadas y que cualquier negociación para liberar a sus rehenes debe pasar por el contacto directo con ellos, ya que "el Gobierno somalí no tiene ningún alcance".
En este sentido, la ministra de Defensa, Carme Chacón, señaló ayer que entre el "elenco de opciones" que baraja el Gobierno para buscar una solución al secuestro del atunero vasco 'Alakrana' se encuentra la posibilidad de que los dos piratas detenidos que se encuentran en España sean juzgados en la Audiencia Nacional y cumplan su condena en Somalia. El objetivo era, según señaló, que "dentro de las leyes", se pueda liberar a los 36 marineros secuestrados en el 'Alakrana' y que éstos puedan estar cuanto antes con sus familias.
